Los miembros de la Plataforma consideran las obras "totalmente innecesarias", aseguran que incumplen la normativa europea y nacional y sostienen que el proceso administrativo ha estado cargado de "irregularidades". Apuntan como alternativa el acondicionamiento de las vías existentes.
Pérez destacó que las obras del anillo insular supondrán la destrucción de 110 viviendas y afectará de forma directa a más de 775 personas, y subrayó que el resto de la población veré mermada su calidad de vida por los ruidos, inseguridad y pérdida de valores vinculados a su entorno natural.